Indert investigará pago por tierras en Itakyry, Alto Paraná

Con respecto al supuesto pago irregular realizado por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de unos 7.000 millones de guaraníes por un inmueble en Itakyry, Alto Paraná, el presidente del organismo rural, Ignacio Luis Ortigoza, informó que envió la copia del expediente a la Contraloría General de la República (CGR), además de anunciar que remitirá también el caso a la Oficina de Transparencia Institucional –recientemente creada- para su investigación y esclarecimiento.

Ortigoza sostuvo que las advertencias y los informes técnicos de la época comprendida entre los años 2009 y 2010, tanto del Indert como del departamento de Avalúo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones avalan las publicaciones periodísticas que desnudan hoy el caso. “Tienen verosimilitud, por  lo menos”, considera. “Estamos hablando de títulos que en sus datos técnicos versan sobre una misma fracción; pero, en cuanto a numeración de finca e individualización, en el documento de apariencia es otro inmueble. Es decir, existen dos documentos que versan sobre una misma fracción”.

Al ser consultado sobre las medidas que adoptará con relación al tema, reconoció que “lastimosamente, al entrar en una nueva administración no tengo atribución de auditoría. No obstante, enviamos una copia del expediente a la Contraloría General de la República. Quienes estén interesados en el caso pueden acceder a la información que poseemos en el Instituto, sin restricción”, aseguró.

Con respecto a la posibilidad de recuperar el dinero, informó que su administración carece de la posibilidad de “retrotraer lo hecho”, o dejar sin efecto la compra de las tierras. “Ojalá se pudiera”, expresó.

Estas declaraciones fueron realizadas por el titular del Indert, tras el encuentro que mantuvo esta mañana con representantes de la mesa directiva de la comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible de la cámara de Senadores. La reunión estuvo encabezada por el presidente de la comisión, Mario Cano Yegros, y otros parlamentarios. Éstos convocaron a Ortigoza para explicar los criterios generales establecidos por el Indert  para la adquisición de inmuebles.

El motivo de la convocatoria fue la preocupación de la comisión por un caso de denuncia contra funcionarios del Indert, quienes supuestamente en la zona de San Rafael, departamento de Itapúa, estarían autorizando el ingreso al lugar para la tala de árboles. “No existe la más remota posibilidad de que ese tipo de  autorización surja desde la institución, pues se trata de un tema de competencia del Instituto Forestal Nacional (Infona) y de la Secretaría del Ambiente (Seam)”. Anunció, no obstante, que esta semana enviarán al lugar un equipo de  funcionarios para relevar información al respecto.

Finalmente, explicó que informaron a la mesa directiva del Senado que el Instituto utiliza tres modalidades para la adquisición de inmuebles. La primera de ellas, la de la regularización, en el caso de las ocupaciones de hecho; la segunda, a través de llamados a licitación pública nacional que permite adquirir fracciones libres de ocupación, y la tercera mediante la expropiación, la cual implica la promulgación de una ley.