Diputados tratá proyecto para acelerar titulacón de tierra

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Ignacio Luis Ortigoza, anunció que la propuesta de modificación del artículo 56 la Ley 1863/02 del Estatuto Agrario, que posibilitará acelerar la titulación de tierras, será tratada mañana jueves 23 de agosto, en la sesión ordinaria de la cámara de Diputados.

  

El titular del Instituto lo informó al término de una reunión mantenida esta mañana con la mesa directiva de la comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda cámara baja, encabezada por el diputado Víctor Oscar González y otros parlamentarios.

A través de la propuesta, el Indert plantea disminuir el porcentaje de pago establecido en el Estatuto Agrario para otorgar el título de propiedad. Actualmente es del 25 por ciento sobre el importe total del lote, en tanto se pretende reducirlo al 10 por ciento.

Ortigoza sostuvo que existe una “comprensión y compromiso interesantes” de los integrantes de las comisiones de Bienestar Rural y de Desarrollo Social, Población y Vivienda de Diputados, de apoyar la propuesta de modificación presentada, “ya que se ajusta a la posibilidad de acelerar la legalización de la tierra, en el marco del Plan Nacional de Titulación Masiva, lo que nos ayudaría a avanzar rápidamente en nuestro objetivo que, hasta fin de año, es lograr 3000 títulos”.

Mencionó que en el marco de modificación del artículo en cuestión, el saldo que el campesino adeuda al Indert por el pago de su tierra (90 por ciento), quedará explícito en el título de propiedad. Además, establece que el beneficiario puede vender su tierra después de 10 años, contados a partir de la cancelación de su deuda y no a partir de la entrega del título propiamente dicho. “La entrega del documento es con el fin lograr el desarrollo rural y no para fines especulativos”, afirmó tajante Ortigoza.

Además, se propone que el emplazamiento de 180 días impuesto al Instituto para la expedición de títulos se traslade también a las otras instituciones involucradas en el proceso, como Servicio Nacional de Catastro (SNC), dependiente del Ministerio de Hacienda, y la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), del Poder Judicial.