En comunicado INDERT habla sobre “Soberanía territorial”

En escrito divulgado a los medios de prensa, el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) sienta postura sobre la zona de seguridad fronteriza. Habla de la reglamentación de la Ley 2532/05 que la establece y que generó la reacción de ciertos sectores, los cuales pusieron de nuevo en cuestión las mensuras judiciales impulsadas por esta institución.

El contenido es cuento sigue: “En ese contexto, y dando cuenta de las expresiones utilizadas para poner en entredicho la tarea de la institución, y a través de ella la del Gobierno, resulta oportuno advertir lo siguiente:

1.    La mensura judicial es un procedimiento utilizado para determinar la ubicación de una propiedad en el terreno y su correspondencia con lo que reza el título. No otorga ni saca derechos, y es el mecanismo idóneo para esclarecer dudas acerca de la situación de una propiedad. El INDERT reitera, una vez más, que se halla facultado por Ley para llevar adelante una mensura, y puede hacerlo de oficio o a pedido de parte.

2.    El INDERT ratifica que basa su gestión  en el apego al cumplimiento de la Ley, lo cual, de ningún modo, puede interpretarse como una intención de avasallamiento a la propiedad privada, un derecho que respeta de manera irrestricta, más aún cuando se trata de una propiedad de origen claramente legal y legítimo.

3.    El INDERT valora y respeta el trabajo de cada una de las comunidades que viven en el territorio y contribuyen a diario con el desarrollo del país. Por lo tanto, su trabajo se enmarca exclusivamente en el cumplimiento de la Ley y no pretende avasallar los derechos de ningún sector.

4.    Las acciones del INDERT tienen como objetivo iniciar un proceso de ordenamiento y regularización de las tierras del Estado paraguayo, cuya administración es su responsabilidad. En esa línea, sus intervenciones pretenden también construir una mayor presencia del Estado en el campo, en particular en aquellos territorios donde históricamente ha estado ausente.

5.    Este proceso de ordenamiento y regularización, que apenas empieza a vislumbrarse, responde a una necesidad impostergable de depurar los datos disponibles en las diversas instituciones del Estado, considerando que éstos, en rigor, no resultan del todo fiables y, por consiguiente, urge que sean cotejados.

6.    Es esta tarea, y no otra, la que verdaderamente sentará las bases para empezar a generar un clima de paz en el sector rural, devolviendo la tranquilidad a  los propietarios legales, al otorgarles las garantías necesarias para la tenencia y uso de sus tierras.

7.    Esta iniciativa de regularizar las tierras públicas es un imperativo histórico que requiere el compromiso y apoyo de todos los sectores, del Estado y la sociedad civil, pues se trata de un proceso que apunta a sanear la tenencia de la tierra en el Paraguay.

8.    Por consiguiente, se trata de una clara muestra de voluntad política para combatir la corrupción que ha caracterizado históricamente el manejo de las tierras públicas. Es también, sin lugar a dudas, el primer paso hacia la construcción de un país serio, que otorgue garantías a paraguayos y extranjeros.

9.    Transparentar la situación de tenencia de la tierra es, asimismo, un compromiso insoslayable para avanzar hacia la soberanía territorial, que se iguala en transcendencia a la recién reivindicada soberanía energética, un logro histórico del país.

10. La reglamentación de Ley de Seguridad Fronteriza se enmarca en este esfuerzo y no tiene, desde ninguna perspectiva, un sentido confiscatorio, pues solo busca llevar a la práctica lo establecido en una norma surgida del consenso entre los sectores de la sociedad representados en el Parlamento Nacional.

11. Es, igualmente, la expresión genuina de la voluntad del Gobierno de promover el desarrollo rural, sobre la base de una distribución equitativa de la tierra, y un compromiso con la defensa y protección de sus recursos naturales. Se sabe, en ese sentido, que la actual situación de tenencia de la tierra en el Paraguay tiene raíces históricas y configura un problema estructural que contribuye a sostener la desigualdad existente, pues la tierra continúa siendo el principal factor de producción al servicio de un sector que incrementa su rentabilidad, mientras otro permanece en la pobreza. El objetivo es que los beneficios del desarrollo lleguen a cada ciudadano y ciudadana.

12. Finalmente, el INDERT considera que la paz social, puesta en cuestión por determinados sectores de la sociedad ante las medidas adoptadas por el Gobierno, solo será posible en un marco de justicia social, donde la aplicación de la Ley no reconozca distinción entre los ciudadanos de este territorio llamado Paraguay.”, concluye la misiva.