A lo largo de 2011, el Instituto de Desarrollo Rural y de la
Tierra (Indert) aprobó el financiamiento de 179 iniciativas orientadas a
promover la seguridad y soberanía alimentaria, en territorios rurales
beneficiados por la Reforma Agraria Integral.
Los proyectos fueron seleccionados de un total de 259
presentados al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert)
por organizaciones campesinas y de la sociedad civil. Como resultado, el Fondo
de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), organismo
dependiente del Indert, financiará 179, por un monto equivalente a 7.845
millones de guaraníes.
El propósito es avanzar en el proceso de fortalecimiento del
arraigo, impulsando la seguridad y soberanía alimentaria en los núcleos rurales
beneficiados en el marco de los Lineamientos estratégicos para una Política de
Reforma Agraria Integral y Desarrollo Rural Territorial, emprendidos por el
Indert y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Los recursos transferidos por el Fides tienen como
destinatarias trece organizaciones campesinas y dos de la sociedad civil. A
través de ellas, se logró llegar a un total de 15.616 familias, distribuidas en
colonias y asentamientos de quince departamentos del país. Cada una inició el
cultivo de rubros de autoconsumo, mediante la adquisición de semillas y
herramientas de labranza. Del mismo modo, emprendieron también unos siete
proyectos de instalación de pequeñas industrias.
La transferencia de estos fondos fue posible mediante la
firma de convenios con las organizaciones, en el contexto del avance hacia los
objetivos trazados por la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria
(Cepra) y el Programa de Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar
Campesina (PPA).
Los proyectos fueron elaborados por las familias productoras
del campo y acercados al Indert por las organizaciones, las que tendrán a su
cargo la administración de los recursos para su concreción.
Del total de familias beneficiadas, unas 10.913 no solo
alcanzarán la seguridad alimentaria. También podrán destinar el remanente a la
renta, además de trabajar la tierra y hacerla fructífera con la obtención de
herramientas para la labranza, como pala, azada, machete, lima, rastrillo,
regadera, escardillo, carretilla, mochila pulverizadora, sembradoras, bidón
para conservación de granos y fertilizantes.
Las restantes, unas 4.703 familias, instalarán pequeñas
industrias. Para ello, invertirán los recursos en la construcción y
equipamiento de centros de procesamiento y almacenamiento para la producción,
acopio y comercialización de leche, almidón, azúcar morena, miel, y
procesamiento de los derivados del maíz, locro y mandioca.
El presidente del Instituto, Marciano Barreto, declaró que
su administración brinda “confianza a las organizaciones campesinas para
invertir, de forma transparente, a favor de la soberanía y seguridad
alimentaria, fomentando el arraigo en las comunidades rurales”.
Expresó también su satisfacción por tener la posibilidad de
“dar respuesta a las familias para que mejoren sus condiciones de vida”.
Advirtió que para lograr resultados favorables, es “fundamental la
corresponsabilidad y participación de todas
las organizaciones campesinas”, devolviéndole el valor productivo a la
tierra, fortaleciendo la agricultura familiar e impulsando la comercialización.
Las organizaciones beneficiadas se comprometen, por su
parte, a realizar todas las acciones necesarias para la implementación de los
diferentes proyectos, así como a presentar rendiciones de cuentas a la
Contraloría General de la República y al Indert.
Las trece organizaciones rurales favorecidas con la
transferencia de fondos son el Movimiento Agrario y Popular (MAP), Mesa
Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC), Asociación Campesina la
Carreta (ACLC), Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (Anapa),
Campesina Regional de Concepción (OCRC), Organización Campesina de Misiones
(OCM), Asociación de Productores Agropecuarios Sebastián Larroza, Centro
Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares (CNOCIP),
Asociación de Pequeños Productores Agrícolas del Alto Paraná (APPALPA),
Asociación de Productores Agrícola, Ganadera e Industrial de Tava Guaraní
(APAITGA), Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri),
Organización Campesina Misiones (OCM) y la Asociación Campesina Agüerito (ACA)
y las organizaciones de la sociedad civil denominadas Desarrollo Social y
Nación Guaraní.
Las familias favorecidas se ubican en los departamentos de
Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones,
Paraguari, Alto Paraná, Ñeembucú, Canindeyú, Amambay, Alto Paraguay y
Presidente Hayes.