APS rechaza intervención del INDERT y de militares en el sur

En un comunicado de prensa la Asociación de Productores de Soja (APS) rechaza la intervención del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Refiera que  las actuaciones del INDERT, en el caso de las mensuras, acompañadas de versiones  de excedentes fiscales,  además de las acciones y del procedimiento ambiguo, oscuro,  ilegal e irregular de su presidente Marciano Barreto,   hacen que la institución estatal  esté actuando con un evidente abuso de poder.

Añade ese abuso de poder se da  desde el momento, en que el funcionario o servidor público, para el cumplimiento de una resolución administrativa, recurre a las fuerzas militares, se constituye este hecho en un claro abuso de poder. 

El ingeniero Regis Mereles, en su carácter de Presidente de la APS refiere que las Fuerzas Armadas de la Nación constituyen una institución nacional con carácter permanente, profesional, no deliberante, obediente, subordinada a los poderes del Estado y sujeta a las disposiciones de esta Constitución y de las leyes. ( Art. 173. C.N.).

“Su misión es la de custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas, no ser utilizados por autoridades administrativas de turno para compeler, intimidar o violentar a cualquier ciudadano, de la misma forma, los productores tiene derechos que deben ser garantizados, como el derecho de la propiedad privada”.

Agrega: “El ejercicio de la fuerza pública, sólo puede darse por orden judicial, sin embargo, el Pdte. del INDERT  moviliza  a la fuerza militar, y ésta se pone a su disposición, a través de una simple nota, en evidente extralimitación de sus funciones. En otros países, esta circunstancia basta para la destitución inmediata de un funcionario, sin embargo aquí, es apañado por las altas autoridades del propio gobierno, al decir del propio comandante y subalternos”.

En otro párrafo del comunicado de prensa agrega: “Lamentamos que se ultraje a la Constitución paraguaya, lamentamos las violaciones del debido proceso administrativo por parte del INDERT,  lamentamos el sometimiento de las fuerzas militares a cualquier petición de un simple funcionario público. Condenamos  cualquier tipo de violencia generada o que se generen por estas decisiones ilegales y arbitrarias por parte de Indert  y fundamentalmente rechazamos categóricamente, la instrumentación de militares en virtud de  la orden 01/12,  en que se dispone que efectivos de la Disergemil se establezcan en  Ñacunday, Pirapytã, Yacui y Otaño”.