Los abogados Óscar Luis Tuma y Jesús María Duarte, en representación de la empresaria hotelera Francisca Dávalos de Sosa, presentaron una ...
Los abogados Óscar Luis Tuma y Jesús María Duarte, en
representación de la empresaria hotelera Francisca Dávalos de Sosa, presentaron
una denuncia en el Ministerio Público contra 9 funcionarios de la Municipalidad
de Ciudad del Este por la supuesta comisión de los hechos punibles de coacción
y coacción grave en grado de tentativa.
Dos de los supuestos implicados fueron
identificados como Hugo Sarubbi y Artemio González. La acción penal fue radicada este miércoles 1
de julio y será investigada por el fiscal Elvio Aguilera, titular de la Unidad
Penal número 8.
Según el escrito, la Municipalidad se niega a conceder la
habilitación definitiva a Francisca Dávalos, encargada del funcionamiento del
hotel Luxor INN, ubicado en la avenida Carlos Antonio López del barrio Juan E.
O’Leary de la capital del Alto Paraná. A raíz de esta situación, la afectada
recurrió a la justicia ordinaria y el juez Silvio Rubén Rojas ordenó a la
Comuna, amparo judicial mediante, conceder la patente comercial.
El documento
añade, que a pesar de la medida judicial, las autoridades comunales arbitraria
e ilegítimamente no le entregaron la habilitación porque supuestamente exigen
un “arreglo” económico para el efecto.
La denuncia añade, que el 30 de junio, a las 11:20 aproximadamente, 9
funcionarios municipales llegaron al hotel en dos camionetas con logotipo de la
institución.
Dos de ellos se identificaron como Hugo Sarubbi y Artemio
González, diciendo que eran funcionarios de Fiscalización y del Departamento de
Obras en la Municipalidad. Los mismos manifestaron que se iban al lugar para
clausurar el hotel.
Los intervinientes, al ser exigidos por una copia de la
resolución que ordena la clausura del local, manifestaron que fue una orden
verbal de la intendenta e insistieron con “arreglar” la concesión de la
patente, según la denuncia.
Los denunciantes pidieron la identificación de
todos los implicados y su posterior imputación. Igualmente, ofrecieron la
filmación del circuito cerrado como prueba de la presencia de los empleados
municipales en el hotel.