Ortigoza considera una “falacia” que en Ñacunday existan tierras públicas

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Ignacio Luis Ortigoza, considera una “falacia” que las 15.000 hectáreas ubicadas en las colonias Ñacunday I y Ñacunday II, en el distrito del mismo nombre, departamento de Alto Paraná, sean tierras sin titulación y por lo tanto fiscales, tal como lo asegura Victoriano López, dirigente de la comisión Santa Lucía. “No es posible que en ese inmueble existan tierras fiscales, ya que toda la zona está con títulos; es propiedad privada”, aseguró Ortigoza.

La información fue dada por el titular del Indert, tras la presencia de López esta mañana en el organismo para anunciar a los medios de comunicación presentes una inminente ocupación en la zona de Ñacunday, por parte de los sintierras agrupados a la comisión Santa Lucía, prevista para la semana que viene.

Ortigoza salió al paso del referente de los campesinos y respondió que el argumento esgrimido por López, que las 15.000 hectáreas en Ñacunday no cuentan con títulos y son fiscales, “es una falacia, quién sabe con qué intención”, explicando que esas tierras, con “seguridad y franqueza” no son tierras fiscales, tras una investigación que realizó, al asumir al cargo, con el fin de conocer su situación.

Tras el resultado del trabajo de esa investigación, comprobó que están totalmente tituladas. En ese sentido, afirmó que sospecha que el objetivo real de Victoriano López, al empecinarse en afirmar que las tierras de Ñacunday son fiscales, es “crear zozobra a las personas que poseen títulos de propiedad en la zona”, cuyas tierras son pretendidas por la comisión Santa Lucía.

Siguió diciendo que las declaraciones del dirigente son “una cuestión que no tiene sustentabilidad jurídica; en su momento, se lo dije a la gente que trabaja con Victoriano: que no es posible que en ese inmueble existan tierras fiscales, ya que toda la zona está con título de propiedad. Ahora, la legalidad o no de esos títulos debe dirimirse en la instancia judicial, no es competencia del Indert”, explicó.

Explicó que a lo largo de los años las 15.000 hectáreas fueron otorgadas en fracciones a personas para su colonización, quienes a su vez, las fueron titulando en su totalidad. Según el titular del Indert, el inconveniente surgió cuando “la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) no procedió al descuento de la entrega de esas fracciones de la finca matriz, figurando en sus registros siempre como tierras fiscales”, lo que al decir de Ortigoza representa “una deficiencia técnica”.

Es importante recordar que, durante la intervención del Indert, a cargo de Emilio Camacho, en el mes de febrero del presente año, se intervinieron las colonias Ñacunday I y Ñacunday II, aduciendo “perentoria necesidad de regularizar tierras en esas zonas”. Ese trabajo estuvo a cargo  de un equipo técnico-jurídico del Instituto.

Ese equipo realizó en el terreno un inventario de los lotes ubicados en la zona para conocer a sus ocupantes, entre otras cosas, de conformidad a lo establecido en la Ley 1863 del Estatuto Agrario. Al finalizar la intervención se elevó un informe al interventor.

Pobladores de Oro ku´i, Caazapá, solicitan agua potable

Por otro lado, el presidente del Indert recibió esta mañana en su despacho a dirigentes del asentamiento Oro ku’i, distrito de Aba`i, departamento de Caazapá, encabezados por Angel Varela del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), quienes solicitaron la provisión de agua potable, en el marco de la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (Cepra).

Tras la reunión, se informó a los dirigentes que actualmente la Cepra es liderada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). No obstante, Ortigoza se comprometió a intermediar con el MAG, el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) y la Gobernación de Caazapá para entregar la solicitud de suministro de agua potable que urge en el asentamiento, mediante la perforación de un pozo de agua nuevo, elevación del tanque de agua y amojonamiento del asentamiento.      

Sobre las causas de la no disponibilidad de agua potable, Varela relató que “se cayó el tanque de agua que proveía a la comunidad, por lo que desde hace un buen tiempo que los pobladores están sin agua”, indicó. Las familias actualmente se ven forzados a caminar 5 kilómetros para acceder al vital líquido del arroyo más cercano, informó.

Sostuvo que el asentamiento Oro ku´i cuenta con unas 750 hectáreas que albergan a 75 familias, las que viven en el lugar desde hace cuatro años y se dedican al  cultivo de rubros de autoconsumo y renta, como mandioca, maíz y poroto, entre otros.