El martes debe continuar destrucción de viviendas en Mariscal López

Solo 4 de las 35 viviendas fueron destruidas ayer jueves durante un procedimiento judicial en la colonia Santa Teresa, distrito de Mariscal López, departamento de Caaguazú.   El operativo debe continuar el próximo martes. Se trata de vieja lucha por la posesión de las fincas 240 y 80, de 2.000 hectáreas.

El procedimiento judicial se levantó pasado el medio día, debido a que la orden judicial no especificada la ubicación de las viviendas. Supuestamente fueron identificadas 35 casas, pero la comitiva no las encontró y el operativo deberá continuar el próximo martes confirmó el comisario Tolentino Espinosa, jefe de Policía del departamento de Caaguazú. 

Los afectados aseguran que son antiguos ocupantes y calificaron de ilegal la acción debido a que la disposición judicial solo afecta a ocupantes que se instalaron en el lugar después del  10 junio del 2010, fecha en que se ordeno  no innovar en el lugar, dentro de un juicio de desalojo planteado por la Coordinadora San Roque, contra Miguel Ramírez y otros.   

Una fuerte dotación policial fue destinada para el cumplimiento de la orden judicial. Se movilizó  250 hombres, tres ómnibus, 5 patrulleras y un helicóptero, que acompaño el procedimiento desde el aire.  Como refuerzo, una dotación de agentes llegaron del departamento de Alto Paraná.

Maquinarias, perteneciente a los accionantes se encargaron de echar las viviendas, prenderlas fuego y luego arar la tierra, mientras los ocupantes de los ranchos miraban impotentes convertirse en cenizas sus pertenencias, incluyendo sus cultivos.   

LA ORDEN. 

El procedimiento se realizó en las fincas número 240 y 38, en  cumplimiento al Auto Interlocutorio (A.I)  957, que ordena que la fincas deben quedar libres de las ocupaciones precarias instaladas posterior a la orden judicial de no innovar decretado por A.I. número 253 de fecha 10 de junio del 2010 y su ampliatoria mediante el A.I, 456 de fecha 19 de agosto del 2011, dictado en los autos caratulados “Coordinadora San Roque contra Miguel Ángel Ramírez Ramos y otros sobre desalojo”, expediente número 122 del año 2010. 

La medida judicial fue dispuesta por el magistrado Daniel Colmán, juez en lo Civil y Comercial del Quinto Turno de la VI, Circunscripción Judicial del Alto Paraná.  Todo el procedimiento estuvo encabezado por la oficial de Justicia Editht Ojeda Zarate y el comisario Tolentino Espinola, jefe de Policía del Caaguazú.

CONSTRUCCIÓN NUEVA.

Mario Vega abogado de la Coordinadora San Roque que aglutina a  pequeños y medianos productores, afirman que cuentan con  el titulo de las tierras y que por ello iniciaron el juicio de desalojo.

Explicó que, si bien son dueños de unas 2 mil hectáreas,  el conflicto concentra en un área de 350 hectáreas. 

“Esta gente en principio se ubicaba bajo precarias carpas en la cabecera de la finca en la calle, allí estuvieron más de un año y al promover la demanda, solicite la prohibición de innovar. Ellos fueron notificados y la disposición quedo firme. Ellos solicitaron el levantamiento y luego el año pasado empezaron a construir estas viviendas”, aseguró.

Insistió que todas las viviendas que serán destruidas fueron levantadas posterior la orden de no innovar.   

POBLADORES ANTIGUOS. 

Por su parte el abogado Buenaventura Ramos, que representa a los afectados distribuidos 5 comunidades; Compañía Reserva Paraguay, Caacupemi, San Carlos, San Marcos y San Lorenzo, asegura que la acción fue ilegal porque afectó a personas con ocupaciones antiguas.  Rechaza que las viviendas destruidas fueron levantadas después del 2010, año en que se ordeno no innovar sobre estas tierras.

“Acá no hay ninguna construcción posterior a ese año. Todos son ocupantes antiguos de 10, 15 y 23 años.  No tenemos ningún problema con la orden judicial. Si existe alguien que ingresó después de junio del 2010, no hay ningún problema, pero les aseguró que  todas estas viviendas destruidas son antiguas, incluso uno tiene título. Mañana voy a insistir para levantar esta orden judicial”, insistió.

Mencionó que  se trata de un litigio que se arrastra hace varios años. Sostuvo que tienen un juicio por nulidad de titulo, en contra de la coordinara San Roque, que está en pleno proceso y otra de desalojo, de donde proviene la orden de no innovar.  “O sea el juicio está en trámite y ellos ya hacen el desalojo. Cosa totalmente absurda.   Esta coordinadora está compuesto por brasileños y algunos paraguayos, que se prestan por migaja y traiciona a su pueblo y a toda su familia”.

DONACIÓN.

Las tierras originalmente pertenecieron al griego Euthymios Ioanidis, que donó 2.500 hectáreas a favor de los ocupantes, a cambio de que se dejará sin efecto una expropiación de 5 mil hectáreas de tierras que data el año 1995.