Piden aclarar situación de dominio de propiedad de Curuguaty

“El Poder Judicial debe aclarar la situación de dominio de esas tierras, como también se investiguen las acciones de los jueces y fiscales...

“El Poder Judicial debe aclarar la situación de dominio de esas tierras, como también se investiguen las acciones de los jueces y fiscales en el caso”, refirió el interventor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Emilio Camacho en el marco de los sucesos registrado viernes 15 de junio, en una propiedad de 2000 hectáreas en Curuguaty, Canindeyú.

El interventor del Instituto, Emilio Camacho, afirmó que hasta el momento las 2000 hectáreas donadas por la empresa La Industrial Paraguaya en 1967, no fueron inscriptas a favor del Estado Paraguayo debido a que actualmente está en proceso un litigio judicial con el empresario y político colorado Blas N. Riquelme, que las reclama como suyas. 

“La lentitud inadmisible de administraciones anteriores permitió que la empresa Morombi, de Blas N. Riquelme, haya iniciado un juicio de usucapión contra La Industrial Paraguaya -ya que contra del Estado no se puede usucapir- que ha salido a favor del político en 2008, sin que hasta ahora sea inscripta a favor del mismo debido a los inconvenientes con los que tropezó, al exigirle la presentación de planos de la finca”, sostuvo Camacho.

El interventor indicó que conjuntamente con la Procuraduría General de la República (PGR) iniciaron acciones judiciales que apuntan a revertir  las tierras al Estado Paraguayo. Una tiene que ver con la acción de nulidad de actuación en el proceso de usucapión llevado adelante por Blas N Riquelme, cuyo resultado fue desfavorable al Estado en primera y segunda instancia.

Por su parte, el asesor jurídico del Instituto, Antonio Cuevas, mencionó que el Indert recurrió a la acción autónoma de nulidad en relación a la resolución de usucapión, recurso utilizado por el Indert al no tener defensión como interesado de la propiedad en cuestión. “Esa acción actualmente se encuentra en etapa de sustanciación, por lo que hasta el momento no se puede decir que el inmueble en disputa se encuentra bajo la propiedad del Indert ni de Morombi”, hasta tanto se resuelva en el Poder Judicial, sostuvo.

Emilio Camacho dijo que envió una nota al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a fin de que investigue el caso y cómo actuaron los jueces y fiscales. “Si bien las 2000 hectáreas no fueron inscriptas a favor del Indert, tampoco se inscribió la resolución judicial definitiva que favorece a Campos Morombi. Existe una necesidad de saber cómo actuaron  los jueces y fiscales, solicitando la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Fiscalía General del Estado. Tengo la seria sospecha de que no se leyeron bien los expedientes de los documentos generados desde hace 30 años atrás”, aseguró Camacho. 

Antonio cuevas explicó que en los años comprendidos entre 1966 a 2004 no se hizo la transferencia de las 2000 hectareas a favor del Estado –que era ocupada por la Armada Nacional- Solo a través de un decreto el Estado acepta la donación y a través de la emisión de otro, en el año 2004 las declara de interés social para la reforma agraria. “A partir de allí todo el proceso de transferencia de esas tierras a favor del Estado se trabó”, aseguró por su parte Camacho.

Es importante mencionar que para mañana martes 19 de junio, el interventor del Indert, Emilio Camacho se reunirá a las 9 con la titular de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), Lourdes González, con quien abordará la situación actual de la propiedad que fue escenario del trágico episodio del viernes último.

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