Agueda Centurión Rodríguez, secretaria general del Sindicato de la Administración Nacional de Navegación y Puerto (ANNP), filial Ciudad ...
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Agueda Centurión Rodríguez,
secretaria general del Sindicato de la Administración Nacional de Navegación y
Puerto (ANNP), filial Ciudad del Este denuncio a Federico Franco, presidente de
la República, al presidente y directores de la ANNP, por los hechos punibles
contra el patrimonio del Estado Paraguayo (Lesión de confianza), Producción
mediata de documento público de contenido falso, Asociación Criminal,
Enriquecimiento ilícito y Lavado de dinero.
En el escrito, que fue presentada
ayer a la siesta en la fiscalía de Ciudad del Este, también pide la
investigación del abogado Saly Buzarquis, titular de la cartera de Ministerio de
Obras Publicas (MOPC) y funcionarios de este ministerio que tengan vinculación
con la ANNP. El caso recayó en la unidad 10, a cargo del fiscal Alfredo Mateos
Ramos Mansur.
La denuncia se relaciona a la
concesión realizada por la ANNP, por 20 años, a la empresa Suisse Investment
Corp. SA un predio de 12 mil metros cuadrados, que incluye el ex local del
Ministerio de Hacienda y el depósito B, ubicados sobre la avenida San Blas, en
la zona primaria del Puente Internacional de la Amistad. Según Rodríguez en
contrato es ilegal.
“Igualmente solicitamos que esa
investigación fiscal también sea extendida al Síndico de la Contraloría General
de la República designado en la ANNP, al Contralor General de la República y los
intervinientes asesores jurídicos de la ANNP y la firma Suisse Investment Corp
S.A”, señala otra parte del escrito patrocinado por los abogados Paraguayo
Cubas, Nicolas Ruso, Gerardo López y Eugenio Guerin.
La presentación afirma que las
autoridades de la ANNP violan la Ley 1066/65 que prohíbe el arrendamiento de una
parte del predio. Además asegura que viola el régimen general de construcciones,
falta de loteamiento, mensura judicial y estudio de impacto
ambiental.
“No solamente es irregular, sino
lesiona los derechos de la ciudadanía y del Estado Paraguayo y creo que tenemos
que parar este tipo de cosas, por que lo contrario va a continuar. Hoy están
prácticamente vendiendo puerto y mañana lo van harán con otras instituciones que
le pertenecen al pueblo paraguayo”, explicó el abogado Guerín quién acompaño a
su cliente ayer durante la presentación del escrito de la denuncia.
“Dicen que de aquí a 20 años
Puerto va a tener una importante ganancia. Además es muy faraonico el contrato.
Hay que ver si esta empresa tiene la solvencia correspondiente y si no es lavado
de dinero lo que van a hacer ahí”, añadió el profesional.
Guerin dijo que la denuncia afecta
al presidente de la República porque asegura tiene que tener conocimiento. “El
tiene que saber lo que esta pasado. Esto es un perjuicio y un estafa para el
pueblo paraguayo”.
EL
CONTRATO. En principio, en setiembre de
2012, la ANNP firmó el contrato de locación con los empresarios árabes radicados
en Ciudad del Este donde les cedía en comodato 7.254 metros cuadros del predio
de la institución, pero luego el pasado 24 de enero modificaron el documento y
cedieron 12.886 metros cuadrados a los empresarios
árabes.
Fernando Nicora, presidente de
Puertos defiende el procedimiento alegando que generará 5 mil fuentes de trabajo
y que por 3 a 5 años la ANNP percibirá 30 millones de guaraníes mensuales por la
concesión. Luego de ese tiempo percibirán cada mes 280 millones de la moneda
nacional.
La inversión final es por 55
millones de dólares e implica la construcción del shopping de tres torres con 15
niveles, además del área habitacional para los funcionarios portuarios y el
depósito cubierto para mercaderías por 1.095 metros cuadrados, según informó
Nicora en rueda de prensa.
Las explicaciones a los
funcionarios de la zona y sus asesores no concluyeron ya que casi llegaron a los
golpes cuando de ambas partes comenzaron acusaciones de “vende patria” y
negociado.
INTENTO.
Durante el gobierno de Fernando
Lugo, fue redactada la resolución N° 568 del 16 de noviembre de 2011por el
directorio de la ANNP, en la época presidido por Vidal Francia Zaracho. El
documento hablaba de ceder en forma directa el predio de Puertos a otro grupo
empresarial por 20 años con un pago mensual de 5 mil dólares americanos y la
contrapartida sería la construcción de viviendas en el complejo habitacional del
ente estatal.
Ese documento fue calificado como
deficiente, injusto y arbitrario por asesores legales del grupo empresarial
liderado por un ciudadano coreano y otro de nacionalidad paraguaya. Con ese
criterio, lo que denominaron alianza estratégica, no
prosperó.